Actualizado: 15 de jun de 2020

Por Renata Dias Barbosa


Fuente: "Bolsonaro discursa de cima de caminhonete a apoiadores em Brasília| Foto: Sergio Lima/AFP".


En respuesta a la pandemia de COVID-19, varios países, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguen la supresión, medida destinada a contener el virus a través del aislamiento social para inhibir un alto nivel de mortalidad. Dicha estrategia está en línea con las perspectivas provisionales lanzadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo informe establece que los gobiernos deben actuar de inmediato para contener la epidemia, apoyar el sistema de salud, proteger a las personas y proporcionar una línea de vida financiera para las familias y empresas más afectadas. Como resultado, la inversión en políticas públicas, especialmente destinadas al área de salud y compensación salarial para que los trabajadores permanezcan en cuarentena, ha sido una prioridad, imponiendo así el Estado de bienestar social en estos países.


Al oponerse a este criterio, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quién ha seguido al pie de la letra la receta Neoliberal, expone a la población frente a dos líneas de confrontación abiertas por la pandemia: morir de hambre o de Covid-19. Este argumento ha generado debates en foros económicos relacionados con países de bajos ingresos (diferentes de Brasil, clasificado como un país en desarrollo con ingresos medios-altos, ocupando el noveno puesto en la economía mundial).Frente a la defensa de la mitigación en el país, método que planea aislar sólo a personas contaminadas y de edad avanzada para que la economía siga siendo productiva, el gobierno brasileño aporta medidas de bajo impacto social, tanto en la inyección de recursos públicos en salud, como en la generación de una red de protección para la población sin ingresos. A su vez, la COVID-19, además de representar un gran desafío para prevenir y responder al virus, se ha convertido en una crisis de poder político. Esto se debe a que la autonomía de los alcaldes y gobernadores está aumentando, provocando un distanciamiento del gobierno federal. Asimismo, los miembros de los poderes legislativo y judicial que apoyan el aislamiento social y comandan los esfuerzos socioeconómicos contrarios al presidente, con el objetivo de mitigar los efectos del virus para que la población permanezca en cuarentena.


En este contexto, el plan inicial anunciado por el gobierno para la protección social de los trabajadores informales fue de R$200 por mes, durante 3 meses (alrededor de U$40 mensuales). Esta propuesta sometería a los individuos a un nivel por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con el valor mínimo estipulado por el Banco Mundial de U$1.90 por día (aproximadamente R$10/día). Después de los debates en la Cámara de Diputados, el gobierno decidió elevar el monto a R$600/mes, que corresponde al 60 % del salario mínimo, de R$ 1.045 [1]. A pesar de los esfuerzos de los opositores, que aumentaron R$400 a la propuesta anterior, el valor sigue siendo muy bajo, pues un punto a considerar es que una canasta básica de consumo en Brasil corresponde a cerca de R$500. Además, el gobierno no podrá identificar a todos los beneficiarios a tiempo: según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el censo de 2019, aproximadamente 38.8 millones de personas se encuentran en la informalidad [2].


Otro ejemplo de acción gubernamental contra el interés colectivo fue el intento de suspender los contratos de trabajo por cuatro meses sin remuneración. Nuevamente, el gobierno se vio obligado a otorgar y renegociar el proyecto con los parlamentarios. Actualmente, la medida provisional permite a las empresas reducir hasta el 70% del salario del trabajador y suspender el contrato de trabajo por tres meses. Se pagará un beneficio en proporción al seguro de desempleo al que tendría derecho el trabajador en caso de ser despedido, equivalente al porcentaje del recorte salarial. La remuneración será del 25 %, 50 % o 70 % del seguro de desempleo, variando entre R$1.045 y R$1.813,03 [3,4]. Sin embargo, si el trabajador es suspendido por dos meses, solo tendrá otros dos meses de contrato garantizados después de su regreso lo que debilita la condición del trabajador.


El gobierno también se opone a un proyecto aprobado en la Cámara de Representantes dirigido a los estados para combatir la crisis causada por el Covid-19 y mantener en funcionamiento la máquina pública. El plan propuesto por la mayoría de los votos, por un monto de R$89,6 mil millones será para compensar la caída de los ingresos- recaudación de aproximadamente el 30% de Impuesto sobre Circulación de Mercaderías e Servicios (ICMS) e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) además de los recursos para la salud. Sin embargo, el proyecto predice que el gasto del gobierno federal tendrá que seguir el ritmo de la disminución de los ingresos, que podría incrementarse sustancialmente, llegando a R$205 mil millones, en caso de una pérdida del 70 % en un mes. En respuesta, el equipo económico presiona al Senado para que sea hecha una transferencia, sin variaciones, de la cantidad fija de R$77,4 mil millones; R$40 mil millones de los cuales van a estados y municipios y el monto restante para suspender deudas con el gobierno federal y los bancos públicos. Además, tras su aprobación, se estima que solo R$5 mil millones se asignarán a la salud para compartir con todos los estados y municipios destinados, por ejemplo, a la compra de más camas en la UCI [5]. Sin embargo, este valor no satisfaría las necesidades de la población, ya que las camas de varias capitales ya están casi copadas, incluso antes de que COVID-19 llegue a su pico de contagio en el país.


Esto se debe a que, en este momento, Brasil lidera el número de casos confirmados de Covid-19 en América Latina, seguido de Ecuador y Chile. Es importante contextualizar que, en 2017, los países de la región invirtieron en salud pública aproximadamente tres veces menos que Europa, y están inyectando gradualmente menos recursos financieros [6, 7]. En el ranking de países desarrollados y emergentes de la OCDE, entre las 44 naciones analizadas, en 2018 Brasil ocupó el puesto 37. en gasto de salud per cápita (3.8 % del PIB para salud pública) [8]. Desde entonces, los gastos de salud han disminuido en R $ 9,05 mil millones en 2019 y una nueva pérdida de R $ 11 mil millones en 2020, debido al límite de gasto aprobado en 2016 por el gobierno de Temer. Los recortes en salud, sin embargo, reasignan recursos en otros frentes, como un ejemplo en 2019, en el que se utilizaron R $ 7,6 mil millones para comprar corbetas para la marina [9]. En el mismo sentido, el gobierno puso a disposición de la red de salud pública menos del 0,4 % del PIB para combatir el Covid-19, agregando R$14,3 mil millones directamente al Sitema Único de Salud (SUS), la transferencia de DPVAT a SUS por un monto de R$4,5 mil millones, así como R $5 mil millones en crédito extraordinario de salud [10.11]. Esto corresponde a un porcentaje muy por debajo del promedio de otros países considerando la posición geopolítica que tiene Brasil. Además, de lo que se ha considerado como un gasto insuficiente del gobierno frente a la crisis, deberíamos restar R$4,8 millones para publicidad del gobierno con el lema "Brasil no puede parar", cuando Bolsonaro, en una red nacional, le pide a la población que no deje de trabajar durante la epidemia para lograr la recuperación económica del país [12]. En la dirección opuesta, muchos parlamentarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, interesados ​​en proteger a la población de la pandemia ya habían señalado al gobierno la expansión de los gastos de salud, ignorando así los objetivos presupuestarios.


Por lo tanto, en vista de las recomendaciones de la OMS y los parámetros de otros países que han estado concentrando recursos financieros para bienes públicos, Brasil se destaca negativamente en la lucha contra COVID-19. El rechazo de Bolsonaro a la ciencia se refleja en la política económica del gobierno frente a la crisis, minimizando el impacto social en la salud y perpetuando las pérdidas salariales de los trabajadores. La prioridad del gobierno es aferrarse a la economía y no proteger vidas invirtiendo en su población. Incluso porque son los trabajadores pobres los que están en la primera línea de los servicios que más tienden a ser afectados por la contaminación y, en consecuencia, enfrentarán la precariedad de la salud pública. A pesar de los esfuerzos realizados por los parlamentarios para expandir un sistema de apoyo socioeconómico para la población, en oposición al gobierno, existe una falta de planificación y consenso en la prevención y respuesta contra el virus. Además, la inversión propuesta sigue siendo mucho más baja que la de otros países, dado que Brasil ocupa una posición destacada en la economía mundial.

Referencias

1- <<LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020. Diário Oficial da União>>. http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958


2- <<Economia informal urbana-ECINF >>[2019]. IBGE.

http://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/setor-informal/9025-economia-informal-urbana.html?=&t=o-que-e


3- << MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 20.>> Diário Oficial da União. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-936-de-1-de-abril-de-2020-250711934


4- <<MP prevê novas regras para redução de jornada e salário e suspensão de contrato>> [02 Abril, 2020]. Agência Senado. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/02/mp-preve-novas-regras-para-reducao-de-jornada-e-salario-e-suspensao-de-contrato


5- Resende, Tiago. [Abril 16, 2020] <<Em carta, governadores pedem que Senado aprovem plano da Câmara de socorro aos estados.>> Folha de São Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/em-carta-governadores-pedem-que-senado-aprove-plano-da-camara-de-socorro-aos-estados.shtml


6- Luisa Horwitz, Nagovitch, Paola, Sonneland, Holi and Zissis, Carin [03 Abril, 2020]. <<Where is the coronavirus in Latina America? >>America Society. Council of Americas. https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-latin-america


7- <<Que capacidad tiene América Latina para enfrentar el Coronavirus?>> [23 Março, 2020]. El universal. https://www.google.com/amp/s/www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-que-capacidad-tiene-america-latina-para-enfrentar-el-covid-19%3fab

8- - <<Health Spending>> OECD DATA. https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm


9- <<Saúde deixou de receber R$ 9 bi em 2019 devido à regra do teto de gastos, mostra Tesouro Nacional>> [Fevereiro, 27, 2020]. Anaph.https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-do-mercado/saude-deixou-de-receber-r-9-bi-em-2019-devido-a-regra-do-teto-de-gastos-mostra-tesouro-nacional


10- Governo do Brasil libera R$ 9,4 bilhões para combate ao coronavírus. [Abril, 03, 2020] Ministério da Saúde. https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46651-governo-do-brasil-libera-r-9-4-bilhoes-para-combate-ao-coronavirus


11- Pires, Manoel. << Observatório de Política Fiscal atualiza lista de medidas no combate ao Covid-19>> [Abril 13, 2020]. FGV IBRE. https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/observatorio-de-politica-fiscal-atualiza-lista-de-medidas-no-combate-ao-covid-19


12- <<Em meio à crise, Bolsonaro gasta R$ 4,8 milhões na propaganda “o Brasil não pode parar” >> [03 Março, 2020]. Sul21.https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2020/03/em-meio-a-crise-bolsonaro-gasta-r-48-milhoes-na-propaganda-o-brasil-nao-pode-parar/

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Actualizado: 15 de jun de 2020

Por Antonio Rojas

Fuente: Stockvault


La situación que actualmente vive el mundo por la Covid-19 es una tragedia desde cualquier ángulo o perspectiva. Lo más importante y doloroso es sin duda la pérdida de vidas, que ya ascienden a decenas de miles entre Europa, Asia y Norteamérica, aunque también los efectos económicos pueden ser apocalípticos si los gobiernos no actúan de manera contundente.


Desde las primeras semanas de la crisis, las principales potencias ya han anunciado medidas que implican el uso de cantidades astronómicas de dinero, y que no se habían visto desde la gran recesión mundial que le siguió al colapso del sistema financiero estadounidense en 2008. Los objetivos de estas medidas son básicamente tres: incrementar la liquidez, estabilizar los mercados financieros, e impedir que el consumo se desplome.


En Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal (Fed) redujo las tasas de interés de referencia a prácticamente cero por ciento, anunció convenios de intercambio de divisas con varios países (entre ellos México) y anunció un programa de compra de activos públicos y privados por un monto ilimitado de recursos, una medida que no se había visto con los anteriores programas de “relajación monetaria”[i]. En cuanto a las medidas fiscales, el Senado aprobó el pasado miércoles un paquete descomunalmente grande de estímulos económicos que incluye, entre otras cosas, entregar directamente dinero en efectivo a sus contribuyentes. El paquete en cuestión es de 2 billones de dólares, equivalentes a casi el 10% del PIB estadounidense, y equiparables al tamaño de la economía brasileña.


En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) ha tomado medidas casi iguales a las de su análogo estadounidense, mientras que las medidas fiscales varían de un país a otro. En el caso de Alemania, por ejemplo, Angela Merkel anunció que su gobierno aprobó un paquete de ayudas por un monto de 750 mil millones de euros, cifra que es más o menos igual al tamaño de la economía turca, la décimo novena más grande del mundo. Dicho paquete, al igual que el aprobado por el Senado de EUA, contempla subvenciones directas a los trabajadores independientes de hasta 15,000 euros durante tres meses[ii]; mientras que el Reino Unido anunció préstamos a los negocios por un monto de 330 mil millones de libras esterlinas (el 15% de su PIB), pero no anunció transferencias directas[iii].


En México, las medidas tomadas por el banco central tienen algunas similitudes con las de la Fed y el BCE. Además del convenio de intercambio de divisas con la Reserva Federal por un monto de hasta 60 mil millones de dólares, el Banco de México redujo las tasas de interés de referencia de manera anticipada, volvió a subastar dólares y ha hecho más frecuentes las subastas de coberturas cambiarias, sin que el peso mexicano deje de depreciarse[1]. Medidas que anteriormente habían sido eficaces para mantener estable el tipo de cambio, entre otras variables, ahora parecen no serlo.


Algo que se aprende desde los primeros años de estudio de la economía, es que los gobiernos tienen básicamente dos herramientas para influir en la economía nacional en el corto plazo: la política monetaria (que, en el caso mexicano, está a cargo del Banco de México) y la política fiscal (a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP). Hoy por hoy, el Banco de México ya está utilizando todo el arsenal que ha utilizado en los anteriores momentos de crisis, pero la SHCP no ha anunciado aún grandes medidas.


No podemos ignorar el hecho de que la capacidad del gobierno mexicano no es la misma que la de los gobiernos de Estados Unidos, Europa o los países más desarrollados del este asiático. Por ejemplo, mientras que la recaudación tributaria en México es alrededor del 16% del PIB, en los países de la OCDE la recaudación promedio es más del doble (34%)[2], lo que significa que el peso del gobierno en la demanda agregada y en la provisión de servicios es mucho mayor, de modo que los países más desarrollados tienen un espacio fiscal que les permite afrontar crisis como la actual de manera más contundente. También es cierto que los países más desarrollados tienen costos de endeudamiento que son típicamente menores que los de países más atrasados, debido a que los inversionistas observan un mayor riesgo al invertir entre, por ejemplo, los CETES mexicanos que en los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ese mayor riesgo les obliga a pedir rendimientos más altos, por lo que los gobiernos más pobres por lo regular pagan tasas de interés más altas que los de países más ricos cuando quieren contratar deuda internacional. Además, los principales bancos centrales[3] son los que marcan la pauta de las decisiones de política monetaria en todo el mundo y emiten las monedas más usadas en las transacciones internacionales, por lo que tienen un margen de maniobra mucho más amplio que el resto de los bancos centrales.


En ese contexto, los gobiernos de países menos desarrollados como los de América Latina o México tienen que ser muy creativos. Es necesario que las autoridades monetarias, pero sobre todo las fiscales, comiencen a pensar en medidas innovadoras y contundentes para afrontar la recesión que seguramente tendremos en los siguientes trimestres.


A pesar de que AMLO mantiene a personas sumamente capacitadas y serias en la SHCP, los quince meses que han transcurrido desde que asumió la presidencia nos han mostrado que las decisiones sobre la hacienda pública no están basadas en el talento de su personal y las necesidades reales de la economía nacional, sino más bien en el cumplimiento de las promesas que AMLO hizo durante su campaña. No más impuestos (al menos en los primeros tres años de gobierno), una inversión pública decadente y destinada a algunos proyectos específicos (muy cuestionados y cuestionables) y un compromiso de superávit y no endeudamiento siguen siendo las metas del gobierno para las finanzas públicas. La voluntad del Presidente es aquí el factor decisivo.


Por lo anterior, resulta urgente que AMLO entienda que el México de diciembre del 2018 es un país muy diferente al que es en marzo del 2020, y que no hay ninguna razón para que los planes y objetivos permanezcan iguales. Si la prioridad eran los cambios de largo plazo, ahora la prioridad debe ser resolver la coyuntura, cuya duración parece antojarse al menos hasta que termine el año. Lo importante ahora es el corto plazo, porque, como dijo un célebre economista, en el largo plazo todos estaremos muertos[4].


Por lo pronto, el objetivo de superávit y no endeudamiento debe abandonarse. También debería considerarse posponer aquellos megaproyectos de infraestructura que han sido muy cuestionados, para destinar esos recursos a incentivar el consumo privado. No es momento de invertir en trenes, refinerías o aeropuertos que, si es que llegan a ser rentables, lo serán en un futuro lejano. Es, en cambio, momento de incentivar fuertemente el consumo.


Aunque México no tiene la capacidad de hacer las políticas fiscales tan agresivas que han anunciado los países desarrollados, sí puede hacer otras similares que no impliquen tantos recursos. A continuación, se presentan algunas ideas para el debate sobre las medidas que el gobierno debe implementar para paliar los efectos de la crisis actual, pero es importante resaltar que estas ideas son sólo eso, ideas. Probablemente de difícil implementación por cuestiones operativas o jurídicas, pero no parecen descabelladas cuando se muestran como cifras agregadas, generales. La intención aquí es simplemente mostrar que el gobierno sí tiene la capacidad de implementar medidas mucho más radicales que las que AMLO anunció el pasado 5 de abril.


1. ¿Entregar efectivo a la gente?

¿Qué tal si el gobierno mexicano decidiera, al igual que Alemania o EUA, dar dinero en efectivo a su población más vulnerable? En ese caso, las personas que pertenecen al sector informal son las que primero se vienen a la mente. Supongamos que el gobierno decide entregar directamente un pago único de 5 mil pesos a cada trabajador informal o independiente, de modo que tengan garantizada la adquisición de insumos básicos durante las semanas más duras de la crisis. Los ciudadanos que quieran ese beneficio tendrían que cumplir estos requisitos: ser adultos no pensionados y no ser trabajadores formales. De esa forma, los ciudadanos que podrían acceder a ese beneficio se conocerían por el simple cruce entre las bases de datos del padrón electoral (de 90 millones de personas), la del padrón del IMSS (de 20.31 millones de trabajadores y 4.5 millones de pensionados) y la del ISSTE (4.1 millones, contando pensionados).


Se tiene que el número de beneficiarios sería, como máximo, de 61.1 millones de personas. Si se les hace un pago único de 5 mil pesos, se gastarían 305 mil millones de pesos, que representan el 1.26% del PIB del año pasado. Dicha cifra no suena descabellada para una economía con niveles de endeudamiento, recaudación y gasto como la mexicana.


2. Amortiguar los costos laborales

Con la legislación actual, los trabajadores formales pueden ser fácilmente “descansados” sin goce de sueldo cuando las ventas de sus empleadores no sean suficientes para requerir tanta fuerza de trabajo. En ese contexto, y dado que cambiar la legislación lleva tiempo, para evitar que dichos trabajadores queden sin ingreso durante la crisis se podría intentar disminuir los costos laborales no salariales para los empleadores. Por ejemplo, se podrían cancelar por un mes las contribuciones al IMSS y a las AFORES, lo que costaría al IMSS alrededor de 336 millones de pesos[5], que, naturalmente, deberían ser subsanados por el gobierno federal. Las AFORES, por otro lado, no necesitarían ningún apoyo gubernamental.


3. Estímulos coordinados entre Estados y Federación

La actuación del gobierno federal debe prevalecer sobre la de los gobiernos estatales, pues lo que ha ocurrido hasta ahora es que cada gobierno local anuncia sus propias iniciativas. El Estado de Jalisco ya decidió entregar hasta dos pagos de cinco mil pesos por mes a los trabajadores informales, mientras que en la CDMX se anunció que el FONDESO prestará hasta 10,000 pesos a micronegocios, y se amplió dicho fondo en 500 millones. En el primer caso, se trata de una medida como la propuesta de líneas arriba, pero a nivel estatal. En el segundo caso, dicha propuesta también podría hacerse a nivel federal.


4. Créditos del Banco de México a la Banca de Desarrollo

Por último, se puede pensar en facilidades para incrementar la liquidez de la banca de desarrollo (Bancomext, Banobras, Nafin y Banco del Bienestar) con crédito directo del Banco de México. Actualmente, la captación de recursos por parte de la Banca de Desarrollo se compone casi en su totalidad en depósitos del público (95%), de modo que los recursos que obtienen por parte del Banco Central son mínimos. El Banco Central estaría haciendo lo que siempre hace (subastas), pero otorgando prioridad a la banca de desarrollo sobre la comercial.

¿De dónde salen los recursos?


Si, por ejemplo, las medidas mencionadas anteriormente se aplican durante dos meses del año en curso, el gobierno ocuparía recursos equivalentes a menos del 3% del PIB del año anterior, lo cual es fácilmente financiable.

El financiamiento de las medidas mencionadas anteriormente podría ser obtenido a través de la emisión de un bono gubernamental en moneda nacional, o modificando la ley del Banco de México para permitir de nuevo préstamos directos del Banco Central al gobierno (como se podía hasta antes de 1994).


Por último, es preciso mencionar que el gobierno debería perder la aversión que tiene a endeudarse, incluso en dólares. Recordemos que se cuenta con una línea de crédito por parte del FMI de unos 60 mil millones de dólares (lo cual alcanza para financiar la primera idea expuesta líneas arriba), por la que el gobierno ha estado pagando una prima desde hace ya varios años. De cualquier forma, la deuda como porcentaje del PIB se va a incrementar debido a la caída del PIB y el incremento en el tipo de cambio. Además, la recaudación tributaria también caerá, lo que implica que el gobierno deberá destinar una mayor porción de su gasto al servicio de la deuda. Si la deuda va a crecer, al menos podría ser para salvar la economía.


Notas:

[1] Pues la depreciación se detuvo sólo hasta que el Congreso estadounidense aprobó su paquete fiscal

[2] Al año 2017, de acuerdo a información de la OCDE

[3] El Europeo, el de Inglaterra, el de Japón y, principalmente, la Fed

[4] John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes en el pensamiento económico y social del siglo pasado.

[5] Lo cual es el promedio mensual de las aportaciones que recibe el instituto por aportaciones patronales


Referencias:

[i] Todos los anuncios se pueden ver aquí [ii] https://elpais.com/economia/2020-03-23/alemania-entierra-el-rigor-fiscal-para-luchar-contra-el-virus.html [iii] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/u-k-tells-citizens-not-to-travel-anywhere-in-world-for-30-days

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  • ELA

Actualizado: 15 de jun de 2020


Por Nicolás Segal


Las promesas del proyecto neoliberal


Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2015, el entonces candidato opositor Mauricio Macri prometió que su eventual gestión alcanzaría la “pobreza cero”. Un año después, el presidente Macri aún estaba convencido de poder disminuir la pobreza y pedía ser evaluado por sus avances en la materia. Este año, cuando llegó el momento de disputar su reelección como presidente, había cuatro millones más de personas pobres, con una tasa de incidencia del 35,4% en la población total y del 52,6% en menores de quince años.


El rotundo fracaso en los indicadores sociales es el resultado de una aguda crisis económica inducida por los errores del gobierno. Esta ha sido la visión prevaleciente en el electorado, que recientemente consagró a Alberto Fernández como presidente, con un 48% de los votos en primera vuelta electoral. Su candidatura fue propuesta por Cristina Fernández de Kirchner, quien será vicepresidenta luego de haber sido dos veces presidenta, entre los años 2007 y 2015. La fórmula reunió a la totalidad del espacio político peronista y a las fuerzas progresistas, en rechazo a la orientación neoliberal del actual gobierno.


El principal elemento de política económica causante de los fracasos de la era Macri fue su esquema macroeconómico, caracterizado por la absoluta desregulación del sector externo. La apertura irrestricta a los flujos de capitales fue promovida por el gobierno y su plantel de economistas ortodoxos como una solución definitiva a los dilemas estructurales del país. Durante la campaña electoral del año 2015 que llevó a Macri a la presidencia, este diagnóstico resultó convincente frente a las limitaciones de la economía kirchnerista, un modelo de crecimiento con inclusión social, impulsado por la demanda, que se encontraba restringido por la balanza de pagos.


La Argentina es un país de industrialización tardía y trunca. El crecimiento de sus actividades industriales y comerciales es demandante de divisas, mientras que la oferta de moneda extranjera se debe principalmente al sector primario. Por este motivo, en 2011 comenzaron a presentarse tensiones en la balanza de pagos, luego de la importante recomposición del salario, el nivel de empleo y la extensión de la cobertura previsional que tuvieron lugar durante el ciclo de recuperación que siguió a la crisis del año 2001.


Limitada por el comportamiento de los precios de los bienes exportados respecto a los importados y por la falta de acceso al financiamiento internacional, la gestión económica contenía esas tensiones con restricciones a las salidas de divisas por la cuenta capital y financiera, tanto para empresas como para personas, además de mecanismos de administración de importaciones.


Luego de haber triunfado en segunda vuelta por menos de un 3% de diferencia, Macri impuso un giro de 180º en la orientación de la política económica. Todas las regulaciones de la cuenta capital y financiera fueron eliminadas, tanto para la salida de divisas, como para la entrada. El objetivo era que luego de una corrección inicial del tipo de cambio, una “lluvia de inversiones” motivada por la confianza en un gobierno pro-mercado equilibrara la balanza de pagos. Bajo el signo de reformas estructurales (tributaria, previsional, laboral) se revertiría el déficit fiscal del 5% del PBI hacia el superávit y los precios se estabilizarían mediante un novedoso esquema de metas de inflación que garantizaría la sostenibilidad externa a futuro a través de un tipo de cambio flexible. Finalmente la economía alcanzaría un sendero de crecimiento sostenible, a partir de un nivel salarial más bajo, pero sin restricciones para convertirse en el “supermercado del mundo”, en palabras de Macri.


Ese camino de sueños prometido por el manual de texto ortodoxo resultó una pesadilla que aún no tiene fin.


Una crisis de manual


Por una parte, el Tesoro se demoró en realizar la corrección fiscal y, a través de la rebaja de impuestos y el incremento de transferencias a sectores de altos ingresos, se creó su propio espacio de política para justificar el posterior ajuste del gasto. El gobierno de Macri eliminó retenciones a exportadores y tramos del impuesto a las ganancias de empresas y accionistas, redujo los subsidios a las tarifas de energía y transporte e incrementó las jubilaciones de la cima de la pirámide. Por esas medidas el déficit público alcanzó el 6% del PBI, pero distribuido de manera mucho más regresiva que durante el gobierno anterior. Esa combinación regresiva pero expansiva permitió el éxito de la coalición oficialista en las elecciones legislativas de medio término, a fines del año 2017. Luego comenzó un ajuste aún más regresivo que redujo las jubilaciones y transferencias condicionadas de ingreso a sectores vulnerables, principales partidas del gasto público.


El gobierno anterior había dejado un nivel de deuda en moneda extranjera muy bajo, la tasa de la FED se encontraba en niveles mínimos y para financiar el déficit fiscal el macrismo pudo recurrir al endeudamiento local e internacional, sobre todo en moneda extranjera. Pero el Tesoro tenía necesidad de un flujo de pesos, de modo que el Banco Central tenía que emitir la moneda local a cambio de acumular reservas. Bajo el esquema de metas de inflación, la emisión era esterilizada con títulos a tasas altas, que fomentaban el ingreso de capitales de muy corto plazo en una economía sin regulación de su sector externo.


En definitiva, el Tesoro acumulaba pasivos en dólares y el Banco Central, activos en dólares y pasivos fácilmente convertibles a dólares. En 2018, cuando el Tesoro no tuvo mayor margen en los mercados internacionales para continuar endeudándose, el flujo de capitales se revirtió. Los tenedores de títulos de corto plazo se dolarizaron y generaron una inmensa corrida cambiaria que el Banco Central no pudo frenar. En apenas cuatro meses el tipo de cambio se duplicó nominalmente. La inflación se aceleró y los salarios perdieron poder adquisitivo. La economía entró en recesión y la desocupación superó los dos dígitos, destruyendo rápidamente el empleo precario que se había creado durante los dos primeros años “virtuosos” del ciclo macrista, años en que la deuda fluía y la economía crecía a pesar del sesgo fiscal más regresivo.


Durante la corrida cambiaria, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, quien le concedió el mayor préstamo de su historia, USD 57.000 millones, que superan en dieciséis veces la cuota de la Argentina en el organismo. El acuerdo no involucró reformas estructurales, pero incluyó un programa de ajuste fiscal y monetario propuesto por el propio gobierno. Sin embargo, ese ajuste agravó la recesión sin solucionar la fuga, porque no se trataba de un episodio “típico” de corrección de crisis de balanza de pagos por caída de importaciones.


La magnitud de los flujos financieros brutos habilitada por el marco de desregulación externa provocó que la salida financiera de divisas fuera continua. Una vez iniciada la crisis, su contención resultó compleja porque no se trata de compras de divisas sólo de inversores internacionales o grandes fortunas locales. En la corrida también se ponen en juego los ahorros de los hogares en general, dado que la historia monetaria local ha favorecido al dólar como reserva de valor y, en consecuencia, la economía argentina es bimonetaria: se transacciona y se valúa en moneda extranjera a los activos de reserva.


Debido a las sucesivas devaluaciones, la economía se ha sumido en un régimen de alta inflación. Subidas del tipo de cambio son seguidas por incrementos de precios que, conforme el tipo de cambio real se aprecia, generan nuevos incentivos para la corrida. Además, se ven afectadas las expectativas, en la medida en que si los agentes consideran todas las circunstancias de inestabilidad, estas pueden auto-convalidarse en su apuesta por una nueva devaluación.


Sur, paredón y después


El programa del FMI nunca funcionó y las reservas del Banco Central disminuyeron sistemáticamente. Fue particularmente abrupta la salida de dólares de fines de agosto de 2019, luego de que las elecciones primarias mostraran la inclinación del electorado a darle la espalda a la coalición oficialista. La primera reacción del presidente Macri fue culpar al electorado por haber votado al candidato opositor, pero finalmente el Banco Central bajó la última de sus banderas: se prohibieron las compras de dólares de empresas por motivos financieros y de personas por montos superiores a USD 10.000 por mes. Pero ese esquema holgado para los ahorristas individuales también fue insuficiente frente a la magnitud de la corrida y le costó a las reservas una pérdida adicional USD 7 mil millones dirigidos a contener la imagen de Macri hasta la elección. Con su reciente derrota, el límite de compra fue rebajado hasta los USD 200 por mes por persona.


La situación económica que el nuevo presidente enfrentará al asumir el cargo el siguiente 10 de diciembre, es extremadamente delicada. Hay tres agendas inmediatas para atender: la deuda, la situación cambiaria/monetaria y la situación fiscal/social. Cada una de ellas involucra exigencias y posibles soluciones que no son compatibles entre sí en todas sus variantes. La posibilidad de un éxito simultáneo en todas las dimensiones, no depende exclusivamente de la voluntad del próximo gobierno.


Por otra parte, se vive una situación social de emergencia aguda, bajo una recesión, que acumula trece trimestres consecutivos de caída de la actividad. La economía argentina, además, había logrado una recuperación de la crisis de 2001 que no alcanzó a revertir muchas de las condiciones de deterioro estructural, como la alta incidencia del trabajo precario o el déficit de servicios públicos en las periferias urbanas.


Frente a ese panorama de necesidades sociales el gobierno de Macri deja una estadística engañosa de equilibrio fiscal, que fue alcanzado en 2019 gracias a una privatización de activos que no podrá repetirse. A esto se añade la reforma tributaria aprobada por el macrismo, que tiene una aplicación paulatina que hace más intensos sus efectos a partir de 2020. El gobierno de Alberto Fernández tiene por delante una proyección de déficit primario del 1,6% del PBI, al que se añade la pesada mochila de intereses para totalizar 5,2% del PBI del déficit financiero. Sin acceso a mercados internacionales ni locales (el gobierno de Macri incluso hizo un default sobre la deuda en pesos), sin margen para reducir el gasto y con la demanda social de expandirlo, será necesario reunir apoyo político para incrementar la recaudación fiscal de manera progresiva, o bien se deberá monetizar parte del déficit.


Esa cuestión puede complicar la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, que requiere una solución inmediata. La carga relevante de vencimientos con el Fondo empieza en 2021 y es, por la propia ingeniería del acuerdo, directamente inabordable para 2022 y 2023 (USD 45.000 millones en esos dos años). Si bien se presenta más próxima la necesidad de solucionar la deuda privada, que es más gravosa en 2020 (aprox. USD 10.900 en bonos y USD 7.300 en letras de legislación local), lo cierto es que su negociación requiere de un marco de consistencia temporal. De lo contrario, tensiones en la búsqueda de un acuerdo con el FMI podrían obstaculizar la negociación privada, o bien revertir los efectos de una salida exitosa.


Un elemento adverso para el nuevo acuerdo con el Fondo es la posible exigencia de reformas estructurales y/o mayores ajustes. Un elemento favorable es que el organismo y sus accionistas tienen incentivos a cooperar, porque el préstamo a la Argentina representa más de la mitad de la cartera del FMI. Además será necesaria una renegociación de la deuda con acreedores privados. Una salida que no alivie la carga inmediata de intereses y no deje suficiente espacio fiscal para impulsar el crecimiento puede entrampar el desempeño de la economía y las propias posibilidades de pagar los vencimientos de la deuda.


Por último, la inflación de 2019 se aproximará al 54% mientras continúa la pérdida de reservas. Las restricciones a la compra de divisas generan tipos de cambio paralelos y posibilidades de arbitraje que se filtran por las partidas abiertas del balance de pagos (subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pagos electrónicos en el exterior, etc.) Ese arbitraje impacta en reservas que tienen escaso margen para reducirse, dado que también son demandadas por el sector público para cubrir los pagos de deuda. La experiencia 2011-2015 mostró que los controles duros a la salida de divisas también reducen su ingreso, pero a diferencia de aquellos años ahora la economía argentina necesita dólares para pagar el endeudamiento externo contraído por el gobierno de Macri.


El gobierno entrante deberá perfeccionar la administración de la cuenta comercial y evaluar los beneficios de pasar a un desdoblamiento cambiario formal, con un tipo de cambio para operaciones comerciales y otro para operaciones financieras. Esto puede reducir el arbitraje e incentivar el ingreso de divisas, con el peligro de que un tipo de cambio financiero muy alto pueda imponer mayores expectativas de depreciación sobre el comercial. Lo fundamental en la elección del régimen cambiario será su capacidad para administrar un nivel razonable de tipo de cambio. La situación requiere que los precios locales aumenten menos que el tipo de cambio y así el tipo de cambio real tenga una ligera apreciación, debido al riesgo de que la inflación se desbande, a la pérdida salarial acumulada de estos últimos cuatro años (-18% real) y al efecto de las depreciaciones sobre la carga de la deuda.


El delicado cuadro que enfrenta la coyuntura argentina anticipa dificultades para recuperar el crecimiento en el corto plazo y, más aún, para hacerlo sobre bases que sean consistentes con una estrategia de desarrollo de largo plazo. En los últimos tiempos se ha desarrollado un contexto de cuestionamiento a los proyectos populares latinoamericanos por el insuficiente dinamismo de sus economías. Sin embargo, el fracaso de la acelerada incursión de la Argentina en el laboratorio de políticas ortodoxas es una señal de alerta. Los daños causados por gobiernos neoliberales pueden ser muy difíciles de revertir.


Fuente de la imagen: www.tripadvisor.es

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