• ELA

Actualizado: 15 de jun de 2020


Por Nicolás Segal


Las promesas del proyecto neoliberal


Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2015, el entonces candidato opositor Mauricio Macri prometió que su eventual gestión alcanzaría la “pobreza cero”. Un año después, el presidente Macri aún estaba convencido de poder disminuir la pobreza y pedía ser evaluado por sus avances en la materia. Este año, cuando llegó el momento de disputar su reelección como presidente, había cuatro millones más de personas pobres, con una tasa de incidencia del 35,4% en la población total y del 52,6% en menores de quince años.


El rotundo fracaso en los indicadores sociales es el resultado de una aguda crisis económica inducida por los errores del gobierno. Esta ha sido la visión prevaleciente en el electorado, que recientemente consagró a Alberto Fernández como presidente, con un 48% de los votos en primera vuelta electoral. Su candidatura fue propuesta por Cristina Fernández de Kirchner, quien será vicepresidenta luego de haber sido dos veces presidenta, entre los años 2007 y 2015. La fórmula reunió a la totalidad del espacio político peronista y a las fuerzas progresistas, en rechazo a la orientación neoliberal del actual gobierno.


El principal elemento de política económica causante de los fracasos de la era Macri fue su esquema macroeconómico, caracterizado por la absoluta desregulación del sector externo. La apertura irrestricta a los flujos de capitales fue promovida por el gobierno y su plantel de economistas ortodoxos como una solución definitiva a los dilemas estructurales del país. Durante la campaña electoral del año 2015 que llevó a Macri a la presidencia, este diagnóstico resultó convincente frente a las limitaciones de la economía kirchnerista, un modelo de crecimiento con inclusión social, impulsado por la demanda, que se encontraba restringido por la balanza de pagos.


La Argentina es un país de industrialización tardía y trunca. El crecimiento de sus actividades industriales y comerciales es demandante de divisas, mientras que la oferta de moneda extranjera se debe principalmente al sector primario. Por este motivo, en 2011 comenzaron a presentarse tensiones en la balanza de pagos, luego de la importante recomposición del salario, el nivel de empleo y la extensión de la cobertura previsional que tuvieron lugar durante el ciclo de recuperación que siguió a la crisis del año 2001.


Limitada por el comportamiento de los precios de los bienes exportados respecto a los importados y por la falta de acceso al financiamiento internacional, la gestión económica contenía esas tensiones con restricciones a las salidas de divisas por la cuenta capital y financiera, tanto para empresas como para personas, además de mecanismos de administración de importaciones.


Luego de haber triunfado en segunda vuelta por menos de un 3% de diferencia, Macri impuso un giro de 180º en la orientación de la política económica. Todas las regulaciones de la cuenta capital y financiera fueron eliminadas, tanto para la salida de divisas, como para la entrada. El objetivo era que luego de una corrección inicial del tipo de cambio, una “lluvia de inversiones” motivada por la confianza en un gobierno pro-mercado equilibrara la balanza de pagos. Bajo el signo de reformas estructurales (tributaria, previsional, laboral) se revertiría el déficit fiscal del 5% del PBI hacia el superávit y los precios se estabilizarían mediante un novedoso esquema de metas de inflación que garantizaría la sostenibilidad externa a futuro a través de un tipo de cambio flexible. Finalmente la economía alcanzaría un sendero de crecimiento sostenible, a partir de un nivel salarial más bajo, pero sin restricciones para convertirse en el “supermercado del mundo”, en palabras de Macri.


Ese camino de sueños prometido por el manual de texto ortodoxo resultó una pesadilla que aún no tiene fin.


Una crisis de manual


Por una parte, el Tesoro se demoró en realizar la corrección fiscal y, a través de la rebaja de impuestos y el incremento de transferencias a sectores de altos ingresos, se creó su propio espacio de política para justificar el posterior ajuste del gasto. El gobierno de Macri eliminó retenciones a exportadores y tramos del impuesto a las ganancias de empresas y accionistas, redujo los subsidios a las tarifas de energía y transporte e incrementó las jubilaciones de la cima de la pirámide. Por esas medidas el déficit público alcanzó el 6% del PBI, pero distribuido de manera mucho más regresiva que durante el gobierno anterior. Esa combinación regresiva pero expansiva permitió el éxito de la coalición oficialista en las elecciones legislativas de medio término, a fines del año 2017. Luego comenzó un ajuste aún más regresivo que redujo las jubilaciones y transferencias condicionadas de ingreso a sectores vulnerables, principales partidas del gasto público.


El gobierno anterior había dejado un nivel de deuda en moneda extranjera muy bajo, la tasa de la FED se encontraba en niveles mínimos y para financiar el déficit fiscal el macrismo pudo recurrir al endeudamiento local e internacional, sobre todo en moneda extranjera. Pero el Tesoro tenía necesidad de un flujo de pesos, de modo que el Banco Central tenía que emitir la moneda local a cambio de acumular reservas. Bajo el esquema de metas de inflación, la emisión era esterilizada con títulos a tasas altas, que fomentaban el ingreso de capitales de muy corto plazo en una economía sin regulación de su sector externo.


En definitiva, el Tesoro acumulaba pasivos en dólares y el Banco Central, activos en dólares y pasivos fácilmente convertibles a dólares. En 2018, cuando el Tesoro no tuvo mayor margen en los mercados internacionales para continuar endeudándose, el flujo de capitales se revirtió. Los tenedores de títulos de corto plazo se dolarizaron y generaron una inmensa corrida cambiaria que el Banco Central no pudo frenar. En apenas cuatro meses el tipo de cambio se duplicó nominalmente. La inflación se aceleró y los salarios perdieron poder adquisitivo. La economía entró en recesión y la desocupación superó los dos dígitos, destruyendo rápidamente el empleo precario que se había creado durante los dos primeros años “virtuosos” del ciclo macrista, años en que la deuda fluía y la economía crecía a pesar del sesgo fiscal más regresivo.


Durante la corrida cambiaria, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, quien le concedió el mayor préstamo de su historia, USD 57.000 millones, que superan en dieciséis veces la cuota de la Argentina en el organismo. El acuerdo no involucró reformas estructurales, pero incluyó un programa de ajuste fiscal y monetario propuesto por el propio gobierno. Sin embargo, ese ajuste agravó la recesión sin solucionar la fuga, porque no se trataba de un episodio “típico” de corrección de crisis de balanza de pagos por caída de importaciones.


La magnitud de los flujos financieros brutos habilitada por el marco de desregulación externa provocó que la salida financiera de divisas fuera continua. Una vez iniciada la crisis, su contención resultó compleja porque no se trata de compras de divisas sólo de inversores internacionales o grandes fortunas locales. En la corrida también se ponen en juego los ahorros de los hogares en general, dado que la historia monetaria local ha favorecido al dólar como reserva de valor y, en consecuencia, la economía argentina es bimonetaria: se transacciona y se valúa en moneda extranjera a los activos de reserva.


Debido a las sucesivas devaluaciones, la economía se ha sumido en un régimen de alta inflación. Subidas del tipo de cambio son seguidas por incrementos de precios que, conforme el tipo de cambio real se aprecia, generan nuevos incentivos para la corrida. Además, se ven afectadas las expectativas, en la medida en que si los agentes consideran todas las circunstancias de inestabilidad, estas pueden auto-convalidarse en su apuesta por una nueva devaluación.


Sur, paredón y después


El programa del FMI nunca funcionó y las reservas del Banco Central disminuyeron sistemáticamente. Fue particularmente abrupta la salida de dólares de fines de agosto de 2019, luego de que las elecciones primarias mostraran la inclinación del electorado a darle la espalda a la coalición oficialista. La primera reacción del presidente Macri fue culpar al electorado por haber votado al candidato opositor, pero finalmente el Banco Central bajó la última de sus banderas: se prohibieron las compras de dólares de empresas por motivos financieros y de personas por montos superiores a USD 10.000 por mes. Pero ese esquema holgado para los ahorristas individuales también fue insuficiente frente a la magnitud de la corrida y le costó a las reservas una pérdida adicional USD 7 mil millones dirigidos a contener la imagen de Macri hasta la elección. Con su reciente derrota, el límite de compra fue rebajado hasta los USD 200 por mes por persona.


La situación económica que el nuevo presidente enfrentará al asumir el cargo el siguiente 10 de diciembre, es extremadamente delicada. Hay tres agendas inmediatas para atender: la deuda, la situación cambiaria/monetaria y la situación fiscal/social. Cada una de ellas involucra exigencias y posibles soluciones que no son compatibles entre sí en todas sus variantes. La posibilidad de un éxito simultáneo en todas las dimensiones, no depende exclusivamente de la voluntad del próximo gobierno.


Por otra parte, se vive una situación social de emergencia aguda, bajo una recesión, que acumula trece trimestres consecutivos de caída de la actividad. La economía argentina, además, había logrado una recuperación de la crisis de 2001 que no alcanzó a revertir muchas de las condiciones de deterioro estructural, como la alta incidencia del trabajo precario o el déficit de servicios públicos en las periferias urbanas.


Frente a ese panorama de necesidades sociales el gobierno de Macri deja una estadística engañosa de equilibrio fiscal, que fue alcanzado en 2019 gracias a una privatización de activos que no podrá repetirse. A esto se añade la reforma tributaria aprobada por el macrismo, que tiene una aplicación paulatina que hace más intensos sus efectos a partir de 2020. El gobierno de Alberto Fernández tiene por delante una proyección de déficit primario del 1,6% del PBI, al que se añade la pesada mochila de intereses para totalizar 5,2% del PBI del déficit financiero. Sin acceso a mercados internacionales ni locales (el gobierno de Macri incluso hizo un default sobre la deuda en pesos), sin margen para reducir el gasto y con la demanda social de expandirlo, será necesario reunir apoyo político para incrementar la recaudación fiscal de manera progresiva, o bien se deberá monetizar parte del déficit.


Esa cuestión puede complicar la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, que requiere una solución inmediata. La carga relevante de vencimientos con el Fondo empieza en 2021 y es, por la propia ingeniería del acuerdo, directamente inabordable para 2022 y 2023 (USD 45.000 millones en esos dos años). Si bien se presenta más próxima la necesidad de solucionar la deuda privada, que es más gravosa en 2020 (aprox. USD 10.900 en bonos y USD 7.300 en letras de legislación local), lo cierto es que su negociación requiere de un marco de consistencia temporal. De lo contrario, tensiones en la búsqueda de un acuerdo con el FMI podrían obstaculizar la negociación privada, o bien revertir los efectos de una salida exitosa.


Un elemento adverso para el nuevo acuerdo con el Fondo es la posible exigencia de reformas estructurales y/o mayores ajustes. Un elemento favorable es que el organismo y sus accionistas tienen incentivos a cooperar, porque el préstamo a la Argentina representa más de la mitad de la cartera del FMI. Además será necesaria una renegociación de la deuda con acreedores privados. Una salida que no alivie la carga inmediata de intereses y no deje suficiente espacio fiscal para impulsar el crecimiento puede entrampar el desempeño de la economía y las propias posibilidades de pagar los vencimientos de la deuda.


Por último, la inflación de 2019 se aproximará al 54% mientras continúa la pérdida de reservas. Las restricciones a la compra de divisas generan tipos de cambio paralelos y posibilidades de arbitraje que se filtran por las partidas abiertas del balance de pagos (subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pagos electrónicos en el exterior, etc.) Ese arbitraje impacta en reservas que tienen escaso margen para reducirse, dado que también son demandadas por el sector público para cubrir los pagos de deuda. La experiencia 2011-2015 mostró que los controles duros a la salida de divisas también reducen su ingreso, pero a diferencia de aquellos años ahora la economía argentina necesita dólares para pagar el endeudamiento externo contraído por el gobierno de Macri.


El gobierno entrante deberá perfeccionar la administración de la cuenta comercial y evaluar los beneficios de pasar a un desdoblamiento cambiario formal, con un tipo de cambio para operaciones comerciales y otro para operaciones financieras. Esto puede reducir el arbitraje e incentivar el ingreso de divisas, con el peligro de que un tipo de cambio financiero muy alto pueda imponer mayores expectativas de depreciación sobre el comercial. Lo fundamental en la elección del régimen cambiario será su capacidad para administrar un nivel razonable de tipo de cambio. La situación requiere que los precios locales aumenten menos que el tipo de cambio y así el tipo de cambio real tenga una ligera apreciación, debido al riesgo de que la inflación se desbande, a la pérdida salarial acumulada de estos últimos cuatro años (-18% real) y al efecto de las depreciaciones sobre la carga de la deuda.


El delicado cuadro que enfrenta la coyuntura argentina anticipa dificultades para recuperar el crecimiento en el corto plazo y, más aún, para hacerlo sobre bases que sean consistentes con una estrategia de desarrollo de largo plazo. En los últimos tiempos se ha desarrollado un contexto de cuestionamiento a los proyectos populares latinoamericanos por el insuficiente dinamismo de sus economías. Sin embargo, el fracaso de la acelerada incursión de la Argentina en el laboratorio de políticas ortodoxas es una señal de alerta. Los daños causados por gobiernos neoliberales pueden ser muy difíciles de revertir.


Fuente de la imagen: www.tripadvisor.es

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Actualizado: 30 de oct de 2019

Por Nicole Cerpa


Fuente: elaboración propia

La era actual de globalización financiera neoliberal ha marcado un énfasis y un cambio sistémico en los países de ingresos medios altamente desiguales. En medio de la crisis social, institucional y política que se vive en Chile en estos días, me pregunto ¿cómo es posible que un país de ingreso medio tenga niveles de desigualdad tan extremos? El descontento general canta al unísono las desigualdades del sistema educacional, el humillante sistema de salud chileno, la capitalización extrema del sistema de pensiones, donde la calidad de vida de las personas depende de la respuesta de los mercados financieros. ¿Hasta qué punto la economía real de un país va a subordinarse a la financiarización extrema de sus relaciones económicas?


El costo de la vida en Chile se ha encarecido extremadamente durante las últimas décadas y ni el país ni sus salarios crecen, aun cuando durante la dictadura se hicieron reformas profundas basadas en la idea que el libre mercado favorece el desarrollo económico. A su vez, el 50% de la población trabajadora chilena tiene ingresos menores a quinientos mil pesos chilenos al mes (aproximadamente US$690; GBP£530, al valor de hoy). ¿Por qué Chile es tan caro? ¿Por qué el alza del costo de la vida no se condice con la mayoría de los ingresos? Es la pregunta que se me viene a la cabeza luego de ver tristemente la frustración con que la gente expresa su dolor ante las injusticias de la profunda desigualdad que existe en nuestro país, junto con el encarecimiento del costo de vida. Aumentan las cuentas de la luz, las Instituciones de Salud Previsional (isapres) que capitalizan nuestro sistema de salud han registrado alzas continuas, el pasaje del metro aumentó en $30 pesos nuevamente debido “al alza del precio del dólar y el precio del petróleo”. ¿Qué significa todo esto? El análisis es mucho más profundo y va más allá del debate de la desigualdad (sin desfavorecerlo). ¿Por qué la economía real chilena está subordinada a los cambios en el precio del dólar y a los mercados financieros, cuando la realidad y las necesidades de Chile son tan diferentes a las decisiones que afectan a la fluctuación del precio del dólar? ¿Por qué nuestras pensiones dependen de la respuesta de los mercados financieros?


En primer lugar, existen varios factores en Chile que hacen a su economía depender del dólar. Chile depende de la dinámica de los precios de las materias primas (ya que no existe un desarrollo importante de la industria manufacturada), los que se han visto afectados por la desaceleración en la actividad económica mundial. En segundo lugar, como consecuencia del neoliberalismo, el debate económico se ha vuelto elitista. Las ideas Keynesianas se desplazaron por el discurso de la asignación eficiente de los recursos en los mercados, el libre mercado. Se potenció una intensa liberalización financiera, lo que hace que la economía chilena sea extremadamente vulnerable a la volatilidad de los mercados financieros. En tercer lugar, la inversión en términos reales de Chile es muy baja. No podemos consumir tanto si producimos tan poco.


Sin embargo, una de las mayores razones de por qué nuestra economía depende tan estrechamente del dólar y de por qué el costo de vida en Chile se ha encarecido considerablemente durante las últimas décadas, es principalmente debido a que la economía chilena no refleja la productividad del país, ni los salarios de sus trabajadores. En cambio, refleja su capacidad de endeudamiento que ha sido facilitado por la desregularización económica y financiera que trajeron consigo las políticas monetaristas y neoliberales aplicadas durante los años 70 y 80, y por la financiarización excesiva de nuestras relaciones económicas. Es decir, la exagerada importancia que se le ha otorgado a las finanzas, las que no tienen incentivos de solidaridad social ni buscan reducir desigualdades. Esto ha sido posible por el considerable poder multidimensional acumulado por los bancos e instituciones financieras de Estados Unidos desde los años 60-80, a través de estrategias de innovación, que han implicado capturar más apalancamiento al acceder a más liquidez. Y gracias a la desregulación financiera global que han perseguido estas instituciones, lo que ha llevado al surgimiento de una crisis global, un sistema bancario en la sombra (conocido en inglés como shadow banking) y creación de métodos de cambio y toma de riesgos que han comprometido la liquidez global cuando más se necesitaba.


El creciente poder en las finanzas ha transformado el sistema financiero global en una hegemonía financiera que gravita en torno a los Estados Unidos, siendo fundamentalmente perjudicial para las regiones latinoamericanas. La financiarización ha superado los límites de la regulación y sus consecuencias aún son inciertas y discutibles. Sin embargo, las crecientes y frecuentes crisis financieras/económicas mundiales (y ahora sociales y políticas también), los cambios institucionales como el surgimiento de bancos sistémicos en la sombra en el ámbito financiero y el estancamiento macroeconómico, son signos globales de mercados desregulados permitidos por la creciente centralidad de las finanzas en las relaciones económicas. Aun así, las consecuencias de la financiarización para los países latinoamericanos son todavía más profundas. Se han producido cambios institucionales a nivel micro por parte de los grandes megabancos en los Estados Unidos hacia América Latina, mediante el servicio de transacciones no tradicionales, nuevos tipos de instrumentos y derivados, y un cambio hacia las finanzas basadas en el mercado. Estas innovaciones han transformado la estructura institucional de las prácticas financieras en estos mercados y han llevado a una hegemonización de los mercados impulsada por la dominancia de la política monetaria de los Estados Unidos y sus instituciones. Lo que ha resultado en un control limitado de los bancos centrales latinoamericanos sobre sus mercados y política monetaria. Al mismo tiempo, conlleva altos niveles de endeudamiento y estancamiento macroeconómico en estas regiones.


Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe que realiza la CEPAL (2018), la deuda privada de Latinoamérica ha crecido desde mediados de los años 70 y se ha incrementado fuertemente luego del 2007. Chile por ejemplo, presenta la mayor parte de la deuda privada de los países Latinoamericanos, donde el sector corporativo no financiero posee el 61,4% y los hogares el 25,9% del monto total de la deuda privada. En Colombia y México, la deuda privada sigue siendo mayor que la deuda pública, mientras que, para Argentina, el sector público es con creces, el mayor prestatario. La acumulación de deuda ha respaldado el crecimiento global de la liquidez, que se ha dirigido principalmente a los países desarrollados, mientras que los países en desarrollo reciben solo una cuarta parte. El informe señala que la liquidez global está respaldada principalmente por los mercados internacionales de bonos, lo que refleja la importancia de la industria de gestión de activos como agente financiero. El crecimiento del mercado de bonos indica el valor de administrar la industria del riesgo, lo que hace que el sistema financiero sea aún más complejo. Además, la industria de activos y las actividades financieras están altamente concentradas. El informe muestra que solo 15 compañías poseen casi un tercio de los activos administrados. Alrededor de la mitad de estas empresas se encuentran entre los megabancos más grandes, incluidos JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs, y solo Estados Unidos posee el 60% de estas empresas, como muestra la siguiente figura. Los niveles más altos de endeudamiento podrían, en consecuencia, ser atribuibles a una estrategia diferente por parte de los bancos.


Figura 1: Principales empresas de la industria de administración de activos, valor de activos administrados y participación en el total, 2017


Por lo tanto, los mercados globales están siendo impulsados ​​por el ritmo de un sistema de préstamos basados en el mercado. Y están libres para hacerlo: la desregularización bancaria de Estados Unidos permitió a los bancos, transformarse en megabancos sistémicos al expandir su escala y alcance a otros mercados, que aprovecharon su capacidad para ir y poseer activos extranjeros. Eso significa que estos bancos norteamericanos están empujando a otros países a un mercado global más integrado. Y en consecuencia, vemos cómo estas fuerzas están presionando hacia una concentración de los mercados impulsada por el liderazgo de la política monetaria de los Estados Unidos y sus instituciones.


Esta historia ha limitado la formulación adecuada de políticas económicas para América Latina, principalmente en Chile, y la capacidad de las naciones para velar por el bienestar de sus pueblos. Una forma de ver esto en el ámbito financiero, es a través del análisis de los cambios en la tendencia de la política monetaria estadounidense con respecto a la política monetaria en Chile. Por ejemplo, en la figura 2, es posible observar cómo el movimiento de la tasa de interés chilena - la tasa de interés de referencia de política monetaria - sigue la misma tendencia que la tasa de interés estadounidense. Este ejemplo es claro en mostrar cómo la política monetaria chilena es limitada por decisiones de la Reserva Federal.


Figura 2: Tasa de interés de referencia de política monetaria (TPM) Chilena vs. tasa de interés estadounidense (Fed Funds Rate)

Fuente: Banco Central de Chile y St. Louis Fed


Una razón por la que vemos esto es porque ha habido una adopción generalizada de los estilos de intermediación financiera que se toman del modelo estadounidense.


A su vez, esto está relacionado con el crecimiento de las empresas de propiedad extranjera en América Latina, principalmente las empresas de propiedad estadounidense, que participan activamente en crear mercados secundarios y otros mercados, que conducen a un patrón complejo de intermediación financiera que empuja los límites de los sistemas bancarios y los sistemas financieros mucho más allá.


Esto está creando una situación en la que, los juegos financieros y la financiarización van más lejos del desempeño de las funciones económicas para la economía, lo cual se ha transformado en el desafío de estancamiento macroeconómico de América Latina.


Como eso está sucediendo, vemos que los bancos mundiales por la desregularización se están volviendo más complejos y diferentes al permitírseles integrarse a otras áreas de negocios (como conglomerados financieros, como compañías de seguros como MetLife, grandes bancos como Citigroup) y expandirse a otros mercados y poseer activos extranjeros, como los mercados latinoamericanos. Al hacerlo, moldean la arquitectura financiera de los países del cono sur, la cual se basa en la intermediación financiera que se toma del modelo estadounidense y por el predominio de estas enormes instituciones.


En conclusión, el sistema capitalista neoliberal y la globalización financiera han entregado los incentivos para la concentración de la riqueza en todas las industrias del sistema económico. El incentivo de la concentración de la riqueza es lograr mayor rentabilidades a costa de la sociedad en su conjunto. Las industrias cuentan con no más de tres actores relevantes en cada una, limitando así la competencia. La financiarización de las relaciones económicas ha empujado estos cambios sistémicos y fomentan así, la concentración de las industrias y ganancias excesivas, especialmente en el sector financiero. Esto ha pasado reiteradas veces en Chile con la colusión de los supermercados, el “confort”, las farmacias, las isapres, por mencionar unas pocas. El sistema capitalista es depredador y por consecuencia, los precios de las industrias son mucho más altos que en las economías reguladas. Por ende, se introducen algoritmos para fijar tarifas en industrias reguladas en función al dólar. El mayor ejemplo ha sido el alza en las tarifas del metro explicado por el alza en el precio del dólar. Esta excesiva dolarización de la economía introduce distorsiones en los precios relativos, particularmente en los precios de los salarios.


El argumento a favor de la globalización financiera se ha basado en la economía neoclásica, que argumenta que la financiarización de las relaciones económicas permite que el capital se asigne de manera eficiente. Gran parte de la literatura en esta materia asume que los hogares han aumentado racionalmente sus niveles de endeudamiento a medida que aumenta la riqueza. Aun así, una fracción sustancial de la deuda acumulada por los hogares es el resultado que las familias mantengan niveles de consumo que no son sostenibles y, que por lo tanto, no podrían considerarse racionales.


Adicionalmente, la consecuencia de falta de solidaridad social del mercado y de la extrema individualización por incentivos mal asignados, genera responsabilidades que recaen en las personas acerca de su situación, sobre sus bajos salarios, sobre su salud y su educación. No recaen, sin embargo, ni está en el horizonte, de las instituciones, las empresas o el estado, de mejorar estructuralmente las condiciones de los empleados, ni de proveer servicios básicos dignos. Creo, tristemente, que aquí se genera la fractura de la desigualdad, al ser un sistema individualista, que pone la responsabilidad en las personas cuando es el estado y sus instituciones, las que debieran resguardar y velar por ellas. El sistema de libre mercado sólo perpetúa estas condiciones, y decide no hacerse cargo de esta realidad, donde la gran mayoría no puede pagar por servicios que el estado debiera garantizar.


*La autora agradece a Pedro Cerpa y Pablo Cheyre por la extensa colaboración en este artículo.


Referencias:


- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44326-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2018



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Actualizado: 1 de oct de 2019

Por Leila Bernarda Donato Gottems


Fuente: https://jornalggn.com.br/politicas-sociais/temer-politicas-de-saude-pobres-para-os-pobres-por-gustavo-bonin-gava/

El neoliberalismo se basa en el uso sistemático del poder del Estado, bajo la apariencia ideológica de "no intervención", para imponer un proyecto hegemónico de recomposición del gobierno del capital en cinco niveles: asignación de recursos internos, integración económica internacional, reproducción del Estado, ideología y reproducción de la clase obrera. Algunos de los cambios conducen a la reconfiguración del sistema de salud y han sido adoptados de manera desigual y gradual por los países de America Latina y el Caribe (ALC), basados ​​en la separación de la política social de la política económica, combinando programas de compensación enfocados en el corto plazo, confiando en el crecimiento económico y el efecto indirecto de largo plazo, relegando el conflicto sobre la producción y la apropiación de la riqueza a un segundo plano[i].


La salud de las poblaciones, además de ser un derecho del pueblo, acuñado en muchos países en su Carta o Constitución politica, es un elemento crucial para el crecimiento económico, ya que reduce las pérdidas de producción debido a enfermedades de los trabajadores y libera recursos que de otro modo tendrían que emplearse para tratar enfermedades[ii]. Por lo tanto, mejores condiciones de salud pueden representar una mayor productividad, trabajos mejor remunerados y vidas laborales más largas[iii]. Sin embargo, la forma de proteger la salud de la población puede tomar formas muy diferentes dependiendo de los principios por los cuales se formulan las políticas públicas de este sector.


En el caso de ALC, aunque algunos países han logrado reducir las desigualdades sociales en las últimas décadas[iv], queda mucho por hacer y otros desafíos por superar, como la pobreza extrema, el desarrollo humano y la equidad en la distribución del ingreso, entre otros. Por lo tanto, el sector de la salud es relevante porque representa un derecho humano, el amparo para las poblaciones y es un sector con un gran potencial para el desarrollo técnico y científico y para la generación de empleos e ingresos.


No es sorprendente que el sector de la salud conformara la agenda de ajuste económico propuesta por las entidades internacionales como contrapartida de los préstamos otorgados a los países de la región para superar sus deudas externas en la década de 1980. Las reformas del sistema de salud en la década siguiente (1990) fueron basadas en estudios del Banco Mundial (BM), que reconoció que los países desarrollados habían tenido un éxito significativo en la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad. Las principales recomendaciones del BM se centraron en el enfoque de políticas y los cambios en la prestación de servicios de salud. Hubo un diagnóstico de que el Estado estaba gastando mal, que los servicios de salud eran de mala calidad y que proporcionar atención sin costo favorecía a la clase de ingresos medios y altos, y no a los pobres.


Las propuestas de cambio "se basaron en un diagnóstico de problemas reales en los sistemas de salud, pero se analizaron con el lente de la política neoconservadora y se vincularon con la crisis del Estado de bienestar”[v]. Los cambios recomendados y adoptados, aunque de manera desigual, por la mayoría de los países de ALC incluyen el fortalecimiento de la prestación de atención médica por parte de instituciones no gubernamentales y la creación de mercados de salud. En este caso, la justificación fue que la promoción al mercado privado de servicios de salud con fines de lucro, estimularía la mayor competitividad posible.


Destacamos aquí algunos mecanismos de privatización que se han introducido en prácticamente todos los países desde la década de 1980, a excepción de Cuba.

Tabla 1: Mecanismos de estímulo a la privatización

Fuente: Construcción propia.


La privatización ocurre cuando a) el propio Estado compra servicios privados con recursos públicos en lugar de ofrecerlos con sus propios servicios; b) fomenta la participación de entidades privadas en la gestión y provisión de servicios y c) establece mecanismos de exención tributarias para las familias que pagan planes de salud y / o compran servicios directamente, como en el caso de Brasil. La privatización en salud amplía la brecha de la desigualdad de acceso entre los grupos de población de acuerdo con su inserción social, disminuye la equidad de acceso a los resultados del progreso tecnológico (que está en manos del sector privado) y reduce la capacidad del Estado para responder rápidamente a las necesidades asistenciales de la población.


Por lo tanto, como parte de los efectos de la agenda neoliberal, los sistemas de salud se han modificado para reducir el papel del Estado en la provisión de servicios de salud a través de la privatización, lo que ha creado mercados imperfectos de atención médica y se fue fortalecido en el setor de salud, la competencia e la salud individual. Además, la exención de pagos de impuestos se llevael consumo de servicios de salud por parte de los grupos más ricos, que pagan servicios directos o planes de salud privados. Estos grupos, a su vez, también se benefician de la concentración de ingresos fomentada por otros dispositivos económicos neoliberales, como la reducción de los impuestos a la riqueza y los dividendos.


Como resultado, hasta ahora, muchos de los países de ALC conservan grandes asimetrías en el acceso a la atención médica. Además de profundizar las desigualdades internas, la sostenibilidad de los sistemas de salud universales se ve amenazada en su capacidad de proteger a una población inmersa en la desigualdad multidimensional.


Este contexto muestra que la movilización a favor de los sistemas de salud universales es urgente, porque cuando son iguales para todos, obliga a toda la sociedad a defenderlo. En palabras de Félix Rígoli, "cuando consideramos todos los desafíos (urbanización, envejecimiento, condiciones crónicas) pueden llevar a creer que es mejor restringir los servicios accesibles a todos y así ahorrar gastos al Estado. Entretanto, la lección de la historia reciente nos habla sobre el efecto virtuoso de la universalización de los servicios de salud y educación, no solamente para la reducción de la pobreza y la inequidad, sino para promover la cohesión social y la democracia. Mantener los compromisos de los Estados con una ciudadanía común de derechos, permitirá consolidarse como región libre, próspera y en paz, y usar las experiencias compartidas de nuestros países en enfrentar estos desafíos".[vi]



REFERENCIAS:


[i] PEREIRA J.M.M (org.). A demolição de direitos: um exame das políticas do Banco Mundial para a educação e a saúde (1980-2013) / Organização de João Márcio Mendes Pereira e Marcela Pronko. - Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2014.


[ii] Alvarez MH. Neoliberalismo em salud: desarrollos, supuestos y alternativas. IN: La falacia neoliberal: críticas y alternativas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2003.


[iii] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La ineficiencia de la desigualdad, 2018 (LC/SES.37/3-P), Santiago, 2018.


[iv] Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago.


[v] Almeida PF, Oliveira SC, Giovanella L. Network integration and care coordination: the case of Chile’s health system. Ciência & Saúde Coletiva, 23(7):2213-2227, 2018


[vi] Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS). ¿A dónde va el estado de bienestar? 70 años de Sistemas de Salud Universales, 1948-2018. Salud al Sur. Rio de Janeiro, abril 2018. No 17

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